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Víctimas de Franicevich: Buscan evitar que archiven una causa por tráfico de niños y niñas

El Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Luis Armella ordenó archivar la causa de una pareja que asegura que hace más de cinco décadas le robaron a su bebé en una clínica de Wilde. Este martes 25 de agosto, el letrado de la familia va a apelar la decisión ante la Sala 3 de la H. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La querella sostiene que se trata de un caso que esconde detrás a una red que traficó niños y niñas entre 1962 y 1984 y de la que participaron la partera Juana Elena Arias de Franicevich y el médico de la policía bonaerense, Jorge Antonio Bergés, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.



De acuerdo a lo informado por la Dirección provincial de Registro de Personas Desaparecidas, "la instrucción de la causa fue muy limitada, no se implementaron las medidas solicitadas por la demandante y se dispuso su archivo". En 1969 Leonor Marta Lazzarano y Alberto Landaburo eran adolescentes, cuando ella advirtió que estaba embarazada. A los ocho meses, su madre la llevó sin explicaciones a la “Maternidad Wilde”, conocida también como “la clínica de Doña Elena”, por su dueña, la obstétrica Juana Elena Arias de Franicevich. Allí le aplicaron una inyección que le indujo el parto; se llevaron a su bebé y nunca más lo volvió a ver. Por toda explicación, les dijeron a los padres que el bebé había muerto. Después de aquel episodio, Leonor y Alberto pasaron muchos años separados y recientemente volvieron a unirse, para buscar juntos a ese bebé, que ellos aseguran, fue apropiado. “Yo lo vi a mi bebé, estaba vivo”- cuenta Leonor entre lágrimas.


De acuerdo al organismo provincial, "esta no es la primera vez que el Poder Judicial es reticente a investigar este y otros casos similares. El abogado de Leonor y Alberto, el Dr. Juan Ignacio Bellocchio explicó que una de las razones que esgrimió el Juez para rechazar de plano todas las medidas de prueba que propuso la familia en su última presentación, es que no puede suponer que exista una red de apropiación, porque se trata de un periodo anterior al de la última dictadura militar y su plan sistemático de apropiación de niños".


“Parece que estos casos no merecen ser atendidos por el Estado”- expresó Bellocchio. Sin embargo, tanto Juana Elena Arias de Franicevich, la partera a la que llamaban “Doña Elena”, y el propio Jorge Antonino Bergés continuaron trabajando con la misma lógica los años siguientes, que incluyeron el período dictatorial. La obstétrica ya fallecida, fue procesada en 1979 por la justicia provincial por los delitos de “Asociación Ilícita y aborto”. En los últimos años, se supo que, además, falseó las constataciones de parto de cuatro hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio. “Nada permite negar que al tiempo de los hechos que se investigan en esta causa, no hayan estado activas las mismas redes de apropiación, que son justamente las que aquí se denuncian”- expresó el abogado en su presentación- y cuestiona “¿tienen acaso los niños apropiados fuera del Terrorismo de Estado, un estandar inferior de protección, como personas menos importantes para que la Justicia o el Estado invierta sus recursos en buscarlos?”


En la misma línea argumental, es de destacar que la H. Cámara Federal de La Plata que el próximo martes 25 considerará la apelación de este caso, es la misma Cámara que en 1999, cuando el orden de la ley impedía perseguir penalmente a los responsables del Terrorismo de Estado 1976-1983, llevó adelante los ejemplares “juicios por la verdad”. Tales juicios no buscaban el castigo de los responsables sino que los allegados a las víctimas supieran la verdad sobre lo sucedido a sus seres queridos.



LA APROPIACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN LA ARGENTINA

Para tener una dimensión del problema social que significa la búsqueda de identidad en nuestro país, la propia Directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) Mariana Herrera, expresó en una entrevista a Página 12 en octubre de 2019 que para lograr identificar a 130 hijos e hijas de 1 desaparecidos formaron una base con unos 10.000 individuos que dieron negativo, lo que implica que no son hijos o hijas de desaparecidos. Herrera explicó al respecto: “Entre 1974 y 1983 las prácticas de adopción no estaban permeadas por la concepción del derecho a la identidad. En aquella época, a los niños adoptados no se les decía su verdadera identidad biológica. Había mecanismos para tapar esa realidad; en efecto, como se le ocultaba al menor, directamente, los registraban como propios aduciendo partos domiciliarios. Además, como habían pagado por ellos, en muchos casos, el delito no estaba mal visto culturalmente. Durante ese lapso, comprar bebés fue una práctica habitual”.

Asimismo en un reciente dictamen del titular de la UFICANTE, dr. Pablo Parenti en los casos en que justamente el ADN no condice con los registros del BNDG el funcionario explica: “Es sabido que cuanto más profundizamos en investigaciones para localizar a los hijos de desaparecidos, más nos topamos con otro fenómeno muy diferente, pero coetáneo, como es el de las decenas de miles de ‘inscripciones irregulares’ que ocurrieron en nuestro país durante 2 muchos años. Se trata de un fenómeno que, como se sabe y podemos comprobar en nuestras investigaciones, fue mucho más masivo.”

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