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Fernández reiteró que el Estado debe "regular servicios públicos para proteger al usuario"

El mandatario volvió a defender su decisión de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet.



El presidente Alberto Fernández reiteró este domingo que el Estado debe "regular servicios públicos como tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y celulares para preservar los derechos de ciudadanos y proteger al usuario".

Desde Twitter, el mandatario volvió a defender su decisión de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet, al citar una publicación del secretario de Gobierno bonaerense, Federico Thea, quien calificó el rechazo a esa medida como "dogmático y corporativo".


"Lean con atención las observaciones de Thea. Es necesario que entendamos que el Estado debe regular servicios públicos como TIC's y celulares para preservar los derechos de ciudadanos que necesitan acceder a los mismos. Proteger al usuario. De eso se trata", expresó el mandatario.

En su publicación, que también hizo en Twitter, Thea sostuvo que quienes creen en la política como "herramienta de transformación y, por ende, en el rol del Estado", tienen la "obligación" de defender la medida y "explicar una y mil veces su importancia y razonabilidad".


El funcionario bonaerense reseñó que "en diciembre de 2015" el ex presidente Mauricio Macri "derogó por DNU 267/15 la facultad del Estado de regular los precios de los Servicios TIC, prevista en la Ley Argentina Digital desde 2014, sin más necesidad y urgencia que aumentar las ganancias de sus empresas amigas a nuestra costa".


"¿La consecuencia fue mayor inversión y acceso a estos servicios? No, estas medidas 'a medida' de las grandes corporaciones desincentivaron la competencia y multiplicaron la rentabilidad", añadió.


Asimismo, el funcionario se preguntó: "¿Alguien puede dudar que hoy el acceso a Internet y a la telefonía celular son servicios esenciales y estratégicos, cuyo acceso universal debe ser garantizado por el Estado mediante herramientas regulatorias?".


"La declaración de 'servicio público' no es más que eso", dijo y añadió: "El rechazo a la facultad del Estado de incidir sobre los precios fijados a estos servicios desconoce que estas actividades 'privadas' usan de modo casi exclusivo un espacio propio del dominio 'público'. Estas corporaciones funcionan gracias a autorizaciones estatales", concluyó.


Los argumentos del DNU que declara servicios públicos a internet, telefonía y TV paga


El Gobierno declaró a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre.


La medida, que el presidente Alberto Fernández había adelantado más temprano a través de Twitter, fue dispuesta mediante un DNU al que Télam tuvo acceso y que será publicado este sábado en el Boletín Oficial.


En los considerandos, la disposición remarca que, durante la gestión de Cambiemos, "mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación".


Y subraya que esa decisión se tomó "abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional".


En ese marco, se recuerda que la Carta Magna "en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos".


Asimismo, se destaca "que el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables".


Por lo tanto, añade, "es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso" a a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria".


Por otra parte, el Poder Ejecutivo justificó la decisión de extender el congelamiento de los aumentos de los servicios a raíz de la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia de coronavirus.


"La situación de emergencia sanitaria que se está atravesando en el marco de la pandemia de COVID-19 y la consecuente disminución de la circulación de personas para mitigar los contagios configuran una situación de urgencia que impone la necesidad de otorgar una inmediata protección de estos derechos", subraya el DNU.


Y remarca que "en efecto, en este contexto, cobra mayor relevancia aún el acceso a las TIC y a las redes de telecomunicaciones tanto para las empresas como para los y las habitantes de nuestro país".


En su articulado, el DNU ordena incorporar como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078, el siguiente texto: "Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad".


Luego, sustituye el artículo 48 de la mencionada ley por el siguiente: "Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".


Y añade: "Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad".


Asimismo, el artículo 3° agrega como segundo párrafo del artículo 54 de la Ley N° 27.078, el siguiente texto: "Incorpórase como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad".


En el artículo 4°, en tanto, se ordena: "Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades. Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción".


Sobre el final, el artículo 5° dispone que "las prestadoras deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto en el presente decreto respecto de los servicios a su cargo", y el artículo 6° designa como Autoridad de Aplicación del presente decreto al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)".

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